Aprobada la Ley para el fomento del trabajo autónomo y de la economía social

Este martes 25 de Agosto, el Senado ha aprobado la ley para el fomento del trabajo autónomo y de la economía social. Con esta nueva norma se pretende que el autoempleo pueda crecer en 550.000 personas hasta 2019. Este proyecto de ley modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo. Se recogerá en un solo texto lo que hasta ahora se recogía en el título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo; y en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

MEDIDAS

Los autónomos que contraten trabajadores podrán seguir beneficiándose de la tarifa plana para autónomos en su cuota de la seguridad social.

La cuota por contingencias comunes se fija en 50 euros durante los primeros 6 meses, ampliándose a 12 meses en el caso de personas con discapacidad, víctimas de terrorismo y de violencia de género.

Podrán compatibilizar cobrar el paro con trabajar a la vez durante 9 meses, también los mayores de 30 años.

Los desempleados que estén cobrando el paro y emprendan como autónomos podrán solicitar la reanudación de la prestación por desempleo hasta 5 años después de haber iniciado su actividad.

Se podrá dedicar el 100% de la capitalización del desempleo a la inversión inicial, independientemente de la edad y también se podrá realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación.

Se amplía el incentivo para el alta de nuevos familiares colaboradores hasta 24 meses, frente a los 18 de antes, aunque la bonificación de esos 6 meses de más será del 25%.

Se favorece la conciliación en casos de maternidad o paternidad, pudiendo contratar un autónomo sustituto bonificando hasta el 100% de la cuota de autónomos.

Bonificaciones de 800 euros al año durante 3 años para facilitar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a las cooperativas y sociedades laborales. Para menores de 30 años se aumenta la cuantía a 1650 euros el primer año.

Apoyo a Centro Especiales de Empleo y Empresas de Inserción: pasan a ser consideradas entidades prestadoras de servicios de interés económico general, por lo que se amplía hasta 500000 euros el tope de subvenciones públicas.